Entre agresiones y amenazas a testigos impera la impunidad
Solo el diario La Republica ha destacado las reiteradas amenazas y atentados de muerte que ha sufrido y sufre el testigo Luis Alberto Ramirez, quien fue testigo de la tortura y muerte de siete estudiantes de la Universidad del Centro que tuvo como escenario el cuartel 9 de Diciembre de Huancayo en donde èl permaneció secuestrado en 1991.Precisamente por tales hechos, Ramírez denunció al cuestionado general Pérez Documet quien fue el Jefe del Comando Político Militar del Centro, por desaparición forzada y una semana después, en marzo de 2004, sufrió su primer ataque en la ciudad de Huancayo. Le dispararon cinco balazos y le perforaron el abdomen. Cuatro meses después, el 30 de agosto, volvieron atentar contra su vida y recién al día siguiente, el Estado le brindó seguridad policial acatando una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la protección brindada por un solo policía no fue suficiente, volvieron las amenazas, incluso, una persecución en Chile, adonde Ramírez viajó para refugiarse con su familia. Esto originó que la orden de protección venga, sea de la misma Corte Interamericana a pedido del abogado de Ramírez, Carlos Rivera.
Pese a los mandatos de esta instancia internacional, la seguridad que ha brindado el Estado peruano al testigo ha sido deficiente. Según el abogado, hasta el momento no se le ha asignado un vehículo policial para su custodia y el lunes último ningún efectivo se presentó en el domicilio de Ramírez para brindarle protección.
Ante ello, la víctima anunció que renunciaría a su condición de testigo pese a que legalmente no es viable. Ramírez igual está obligado a colaborar con la justicia ahora que se avecina el juicio oral contra Pérez Documet en Huancayo, a inicios de noviembre. Por ello resulta sospechoso que el cuarto atentado contra Ramírez se haya producido hace menos de un mes.
Lo que es peor es que el general acusado solo responderá por la denuncia de secuestro de Ramírez que fue acogida por la Fiscalía de Huancayo, pero no por la desaparición de los estudiantes, pese a que es uno de los 47 casos denunciados por la CVR. No por gusto el hombre que presidió esta comisión, Salomón Lerner, ha sido igualmente amenazado de muerte.
Es indignante comprobar el mal funcionamiento de la proteccion a testigos en nuestro paìs, todo esto contribuye a la impunidad, el testigo de estos crimenes ha estado en varias oportunidades entre la vida y la muerte, y aun conociendo el plan de agresion de estos criminales, el estado lo abandona a su suerte, ¿de que justicia hablamos? ¿que garantias pueden tener los ciudadanos que quieren colaborar para que los crimenes no queden impunes?, al respecto, agrego lo que nos dice Rolando Ames, ex comisionado de la CVR, para recordarnos los antecedentes: "La amenaza a testigos de hechos violentos, desapariciones y crímenes durante las décadas de guerra interna expresa la dificultad de corregir conductas, personales y colectivas, cuando la irracionalidad de la agresión de Sendero Luminoso al país brinda la opción, que parece fácil, de justificarlo todo. Me permito por eso recordar antecedentes.
Es cierto que las Fuerzas del Orden obedecieron órdenes y que ellas, dadas las circunstancias, tuvieron que ser enviadas. Pero eso no puede justificar los delitos de los que estuvo contaminada la represión estatal. Las circunstancias eran muy difíciles, hay en toda guerra tensiones irresistibles y en el caso de estas represiones en América Latina, existe una cadena de culpabilidades que no se queda en los actores directos.
El reconocimiento de verdades parecidas ha dado una legitimidad moral invalorable también después de décadas - a los actuales gobiernos de Chile y Argentina. Si las verdades básicas están allí, se construye futuro superior en esa dirección, reconociendo, no negando.
Parece que el inicio de algunos juicios ha suscitado estrategias convergentes de quienes quieren "defendernos del terrorismo" con agresiones y amenazas a testigos de los hechos que se investigan, o con nuevas condenas a la CVR. El caso hoy emblemático es el de Luis Alberto Ramírez. El gobierno y el país deben impedir que él tenga que esconderse y guardar silencio. Salomón Lerner, también amenazado, ha señalado que son esta clase de testigos el eslabón que debe ser más cuidado. Señores del Gobierno, actúen ahora, con firmeza y ya. Que la ley no defienda solo a los poderosos."
1 comentario
Zenia -
La operación cóndor desatada por la CIA con la complicidad de las dictaduras militares en los años 70 continúa la selección y muerte de quienes se enfrentan abiertamente al gran poder.