Derechos Humanos

El caso Ivcher: la propiedad vale mas que la vida y la libertad

Para los afectados por violencia politica resulta mas que indignante la manera como se manejan las decisiones en el Estado Peruano para agilizar el pago por “indemnizacion” a personas que con poder pueden “ganar” causas ante los organismos internacionales, mientras los mortales de a pie tienen que pasar años y años esperando justicia y una indemnizacion por la muerte, desaparicion, encarcelamiento injusto, torturas y otras atrocidades de lesa humanidad que aùn siguen esperando el sueño de los justos.

Vale mas la demanda de un dueño de un canal que una demanda de un familiar de desaparecido, ejecutado extrajudicialmente?. Que hay de los casos de la Cantuta, de las masacres, las desapariciones, el encarcelamiento injusto, la tortuta, las ejecuciones extrajudiciales cuyas demandas estan hace mas de 20 años en las instancias internacionales y en algunos casos con sentencias favorables que el Estado no cumple, dando siempre la respuesta de que no hay plata para pagar indemnizaciones.

Ni la Comision de la Verdad y Reconciliacion ni otra instancia defensora de los derechos humanos ha podido en nuestro pais hacer respetar y hacer cumplir al Estado con las indemnizaciones economicas para aquellos que han sido afectados en sus derechos mas elementales, la vida y la libertad. Pero cuando se atenta contra el derecho a la propiedad, alli si es valido “cumplir” con las obligaciones, es decir, vale mas la propiedad que la vida y la libertad vulneradas.

Asi estamos señores, hay peruanos de segunda clase que no tenemos el mismo derecho, de nada sirven las declaraciones de los derechos humanos de la constitucion de la igualdad, la vida, la libertad...... la pregunta es para quien?. Solo para algunos que tienen propiedad? Los dueños de un canal?.

Hasta cuando vamos a seguir pisoteando los derechos de la poblacion afectada por la violencia politica, hasta cuando se van a callar las violaciones a los derechos humanos con promesas de reparacion, con programas que nunca se implementan, con comisiones que no cuentan con presupuestos, ni para atender las mas elementales necesidades que padece la poblacion afectada, un ejemplo el derecho a la salud mental vulnerada por las atrocidades que se cometieron en la epoca de violencia. Los miles de Huerfanos que han quedado traumados por la perdida de sus padres y familiares, desamparados y llenos de temor, a ellos quien los repara, quien los ampara?, ¿donde esta la responsabilidad del Estado de derecho para ellos?.

No juzgamos mal que el Estado cumpla con sus obligaciones, pero que sea en igualdad de condiciones, solo eso, la misma condiciòn para todos, pero al parecer eso es mucho pedir para nuestra amada patria, que trata a sus compatriotas como extranjeros y a los extranjeros como nacionales. Nada mas, espero sus comentarios

Entre agresiones y amenazas a testigos impera la impunidad

Solo el diario La Republica ha destacado las reiteradas amenazas y atentados de muerte que ha sufrido y sufre el testigo Luis Alberto Ramirez, quien fue testigo de la tortura y muerte de siete estudiantes de la Universidad del Centro que tuvo como escenario el cuartel 9 de Diciembre de Huancayo en donde èl permaneció secuestrado en 1991.

Precisamente por tales hechos, Ramírez denunció al cuestionado general Pérez Documet quien fue el Jefe del Comando Político Militar del Centro, por desaparición forzada y una semana después, en marzo de 2004, sufrió su primer ataque en la ciudad de Huancayo. Le dispararon cinco balazos y le perforaron el abdomen. Cuatro meses después, el 30 de agosto, volvieron atentar contra su vida y recién al día siguiente, el Estado le brindó seguridad policial acatando una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero la protección brindada por un solo policía no fue suficiente, volvieron las amenazas, incluso, una persecución en Chile, adonde Ramírez viajó para refugiarse con su familia. Esto originó que la orden de protección venga, sea de la misma Corte Interamericana a pedido del abogado de Ramírez, Carlos Rivera.

Pese a los mandatos de esta instancia internacional, la seguridad que ha brindado el Estado peruano al testigo ha sido deficiente. Según el abogado, hasta el momento no se le ha asignado un vehículo policial para su custodia y el lunes último ningún efectivo se presentó en el domicilio de Ramírez para brindarle protección.

Ante ello, la víctima anunció que renunciaría a su condición de testigo pese a que legalmente no es viable. Ramírez igual está obligado a colaborar con la justicia ahora que se avecina el juicio oral contra Pérez Documet en Huancayo, a inicios de noviembre. Por ello resulta sospechoso que el cuarto atentado contra Ramírez se haya producido hace menos de un mes.

Lo que es peor es que el general acusado solo responderá por la denuncia de secuestro de Ramírez que fue acogida por la Fiscalía de Huancayo, pero no por la desaparición de los estudiantes, pese a que es uno de los 47 casos denunciados por la CVR. No por gusto el hombre que presidió esta comisión, Salomón Lerner, ha sido igualmente amenazado de muerte.

Es indignante comprobar el mal funcionamiento de la proteccion a testigos en nuestro paìs, todo esto contribuye a la impunidad, el testigo de estos crimenes ha estado en varias oportunidades entre la vida y la muerte, y aun conociendo el plan de agresion de estos criminales, el estado lo abandona a su suerte, ¿de que justicia hablamos? ¿que garantias pueden tener los ciudadanos que quieren colaborar para que los crimenes no queden impunes?, al respecto, agrego lo que nos dice Rolando Ames, ex comisionado de la CVR, para recordarnos los antecedentes: "La amenaza a testigos de hechos violentos, desapariciones y crímenes durante las décadas de guerra interna expresa la dificultad de corregir conductas, personales y colectivas, cuando la irracionalidad de la agresión de Sendero Luminoso al país brinda la opción, que parece fácil, de justificarlo todo. Me permito por eso recordar antecedentes.

Es cierto que las Fuerzas del Orden obedecieron órdenes y que ellas, dadas las circunstancias, tuvieron que ser enviadas. Pero eso no puede justificar los delitos de los que estuvo contaminada la represión estatal. Las circunstancias eran muy difíciles, hay en toda guerra tensiones irresistibles y en el caso de estas represiones en América Latina, existe una cadena de culpabilidades que no se queda en los actores directos.

El reconocimiento de verdades parecidas ha dado una legitimidad moral invalorable –también después de décadas - a los actuales gobiernos de Chile y Argentina. Si las verdades básicas están allí, se construye futuro superior en esa dirección, reconociendo, no negando.

Parece que el inicio de algunos juicios ha suscitado estrategias convergentes de quienes quieren "defendernos del terrorismo" con agresiones y amenazas a testigos de los hechos que se investigan, o con nuevas condenas a la CVR. El caso hoy emblemático es el de Luis Alberto Ramírez. El gobierno y el país deben impedir que él tenga que esconderse y guardar silencio. Salomón Lerner, también amenazado, ha señalado que son esta clase de testigos el eslabón que debe ser más cuidado. Señores del Gobierno, actúen ahora, con firmeza y ya. Que la ley no defienda solo a los poderosos."

¿Que pasó con la Comision de la Verdad y Reconciliacion en el Peru?

El proceso de violencia que atravesó el Perú, durante las décadas de 1980 hasta el 2000, trajo como consecuencia numerosas victimas de violaciones a los derechos Humanos, que dejaron heridas aún no cicatrizadas en el seno de nuestra sociedad.

En este contexto el gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional que presento su informe hace más de un año cuyas recomendaciones están basadas en la Reparación a las victimas del conflicto armado interno que sufrió el país y del cual no se han dado pasos efectivos en el camino de la reparación de parte del Estado nos preguntamos ¿que ha pasado con las Reparaciones a las victimas por derechos humanos en el Perú?, ¿se han otorgado o no?, ¿Qué tipos de reparaciones se han otorgado y a quienes?, ¿existe voluntad política del gobierno peruano para las reparaciones?, ¿existe un programa de reparaciones en el Perú?.

Luego de la presentacion del informe final de La Comision de la Verdad y Reconciliacion el Estado Peruano aún sigue sin reparar a las victimas de la violencia Política en Perú. La llamada Comision de Alto Nivel para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR aún no ha efectivizado su trabajo en el ambito de elaborar un programa integral de reparaciones para las victimas, apenas se han dado anuncios aislados de la elaboracion de un padron de afectados por la violencia y más aún, ninguna de las resoluciones ministeriales y/o decretos estan siendo implementados como politica de estado en tema de reparaciones.

En esta situacion, nuevamente es la poblacion que fue afectada la que continua siendo marginada por un estado que no lo ha protegido ni lo protege y tampoco lo considera en sus derechos como ciudadanos. La reparacion por daño causado es parte fundamental del derecho a la vida y la libertad que fueron vulneradas tanto por los grupos armados y por las fuerzas del orden.

El silencio del Estado abona a que la injusticia, la impunidad y la desesperanza se apoderen de un sector de la poblacion que a decir de la CVR es aun incalculable pero, que es parte de nuestro páis; estas victimas aun siguen siendo vulneradas en sus derechos, no se sienten reconocidos por el Estado ni la democracia que en teoria debería reconocer a todos como ciudadanos con derechos y deberes, pareciera que todavia para nuestros gobernantes reza la frase aun falta mucho que padecer en el Perú para no olvidar...